Como cristiano y profesor del Departamento Académico de Teología de la PUCP debo decir que las amnistías que el gobierno de Dina Boluarte intenta hacer valer es inaceptable. Me refiero a aquella para los violadores de los derechos humanos durante el conflicto armado interno y para aquellos miembros del orden que dispararon a matar durante las movilizaciones sociales en el verano 2022-2023.

Dicha amnistía va en contra de los acuerdos, pactos y convenios que el Perú, como país soberano, ha firmado y que tienen como contenido los derechos humanos. Se entiende perfectamente que este nuevo intento de Ley de Amnistía es parte de un canje político más que una cuestión de justicia. Se trata, por una parte, de asegurar el apoyo de la FFAA a n régimen que tiene el repudio de la ciudadanía, y por otra, de intentar hacer que la misma Presidente de la República quede libre de sus delitos.

En estos días hemos escuchado a muchos políticos decir que los “terroristas” no tienen derecho y que las revueltas sociales del verano 22-23 intentaban reponer a Pedro Castillo. Ambas afirmaciones son falsas: los derechos y la dignidad humanos que se encuentran un el corazón de estos, no se pierden por la conducta de la persona. Si alguien comete un delito, debe ser llevado a un proceso justo y debe recibir una pena justa. Pero lo sucedido en La Cantuta, en Barrios Altos y en muchos otros lugares del país durante el conflicto armado interno, fue un juicio sumario, que se encuentran en contra de la dignidad y los derechos humanos.

Y, respecto de las revueltas sociales del 22-23, el pedido de la mayoría de la ciudadanía no era reponer a Pedro Castillo, sino que la Presidente cumpla con su palabra de renuncia a la presidencia y convocar a elecciones generales. Incluso, en el supuesto negado de que la ciudadanía hubiera pedido la reposición de Castillo, ello no legitima a las fuerzas del orden a disparar a matar a personas desarmadas, a transeúntes y a menores de edad (como ha quedado registrado en muchos videos).

La Iglesia se encuentra profundamente comprometida con el respeto de la dignidad y los derechos humanos que se desprende de ella. Desde hace muchas décadas, la Iglesia Católica y muchas otras Iglesias Cristianas han asumido un papel activo en la defensa de los derechos, a través de muchas instituciones. Muchos de los miembros de la Iglesia, ya sean sacerdotes, religiosas y religiosos, como laicos, participan y participaron en instituciones como CEAS, CEAPAZ y la CNDDHH.

Ese compromiso de la Iglesia (entendida como comunidad de fe) le viene del Concilio Vaticano II, de los documentos del CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana) -Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida-. También le viene de la Doctrina Social de la Iglesia, articulada por León XIII y actualmente reafirma por el papa León XIV.

Pero especialmente, este compromiso de la Iglesia con la dignidad y los derechos humanos le viene a la Iglesia del seguimiento de Cristo y de la lectura de los Evangelios. En ellos se presenta la clara opción que tomó Jesús por la dignidad humana, especialmente en su compromiso para con los marginados de la sociedad en la que vivió.

Por todas estas razones, como cristiano, profesor del Departamento de Teología de la PUCP, como miembro de la Iglesia, y especialmente, como ser humano me resulta inaceptable las Leyes de Amnistía que el gobierno de Boluarte quiere hacer valer. Mi rechazo es abiertamente y se aúna al expresado por muchas instituciones de la sociedad civil en estos días. Por lo pronto, exhorto a los jueces a no aplicar una ley injusta como esa.