Las elecciones del 2016 dejaron al país inmerso en un conflicto político que era, y sigue siendo, un callejón sin salida. Esto no se debe a que el poder legislativo se encuentre dominado por la oposición al ejecutivo, sino por las características de esa oposición. Las fuerzas de oposición enquistadas en el Congreso de la República son intransigentes, obstuccionistas y vinculados a intereses subalterno e intereses delincuenciales. Se trata de una mayoría opositora que se encuentra más preocupada en neutralizar la acción de la justicia que en promover los derechos y las libertades de los ciudadanos y el desarrollo del país.     

No necesariamente el que el ejecutivo encuentre en el legislativo una mayoría de oposición termina por generar una crisis política. Si es mayoría opositora es honesta y razonable, entonces el callejón sin salida no se produce y el gobierno puede realizar su trabajo. Pero en el Perú actual eso no sucede. Esa es la razón por la cual el país se ha estado desangrando en una crisis política que ha debilitado la institucionalidad democrática (especialmente al interior de los movimientos y partidos políticos y ha generado un hiato entre la población y sus representantes en el Congreso.

Esta es la razón por la cual, la única salida posible a la crisis política permanente es que o el ejecutivo o que el parlamento se cancele. Pero, en vistas de que el parlamento es como una manzana podrida, mi posición ha sido siempre (incluso antes de la renuncia de PPK) que el ejecutivo debe cerrar el Congreso de la República. Esto debe hacerse de manera constitucional. Otra forma sería inaceptable. El presidente Vizcarra, o debe presionar al Congreso para que el adelanto de elecciones o debe cerrar el Congreso utilizando las herramientas que le da la Constitución. Esto es algo que debió hacerse ya el 2016. Pero si no queremos la bancarrota de la democracia, es necesario hacerlo, y de una vez.