La solicitud de asilo de Alan García Pérez ante la embajada de Uruguay en Lima ha sido un movimiento completamente inesperado e imprevisible por algunas de sus consecuencias. El mismo García, sus correligionarios y algunos personajes de conocida trayectoria fujimorista, como Mariela Balbi, ha utilizado el discurso de que en el Perú hay un régimen autoritario que ha (o está) consuma(n)do un golpe de Estado y que ha comenzado una supuestamente evidente persecución política. Es por esa supuesta razón que García está solicitando asilo político.  

Esto está generando dos efectos perniciosos. En primer lugar, está corrompiendo la justicia en el país porque politizando actos delincuenciales que necesitan ser investigados para ser esclarecidos. De esta manera, el discurso del “golpe de Estado” está entorpeciendo el accionar de la justicia y está corrompiendo la institución del asilo político.

En segundo lugar, está poniendo en serios aprietos a la República Oriental del Uruguay porque, de una parte, se trata de un país que tiene una larga tradición como dador de asilo político a perseguidos por sus ideas políticas. Pero, de otro lado, si Uruguay otorgase el asilo a García, no tendría ninguna razón para negársela a ningún otro político que tiene cuentas con la justicia por sus conexiones con el caso Lavajato