Una de las cosas que ha quedado clara, a raíz de la crisis generada por la huelga de los maestros, ha sido la capacidad que tiene Sendero Luminoso para tener manejo político en la escena actual. En la coyuntura que acaba de pasar, lo hizo a través del MOVADEF y de otros organismos, como el SUTEP-CONARE. 

La estrategia de SL es clara. Se trata de aprovechar las grietas de la democracia para ganar poder en contra de la misma democracia. Frente a esta estrategia, están apareciendo dos posiciones claras. La primera apunta a fortalecer la democracia, mientras que la segunda , a debilitarla. 

En el espectro político, el sector que apunta a fortalecer la democracia para hacer frente a SL es pequeño y apenas se les escucha. Cuentan con el apoyo de pocos periodistas, como es el caso de Rosa María Palacios, quienes están buscando cerrar las grietas para que nuestra democracia se pueda defender mejor. En ese sentido, están buscando articular mejor la relación entre el poder judicial, la inteligencia policial y el Ministerio de Interiores, entre otras instituciones. 

En cambio, la mayoría de los políticos y periodistas apuntan a debilitar aún más la democracia o instrumentalizarla, para lograr objetivos poco claros. La mayoría fujimorista decidió incrementar el caos social para debilitar más al gobierno. Incluso, en una actitud completamente antidemocrática decidió conversar con el MOVADEF. 

Para que la forma de enfrentar el problema que SL representa para la democracia en el Perú es importante tener claridad respecto de lo que representó nuestro pasado, entre el 80 y el 2000. Una de las formas de relatar lo sucedido en ese periodo es señalando que un grupo delincuencial decidió alzarse en armas contra el Estado y la sociedad y que éstos respondieron en legítima degfensa. Pero, lo que no cuentan los que sostienen este relato es que el saldo de ese enfrentamiento resulto ser la violación de los derechos humanos. Muestra de ello el el Cuartel Los Cabitos y la dictadura de Alberto Fujimori. Rosa María Palacios está apegada a este relato, porque evita- y con razón- utilizar el término "guerra" para caracterizar ese periodo. Sus intenciones son correctas, porque el uso dicho término colocaría a SL como un "bando combatiente" y a sus presos como "prisioneros políticos". RMP sabe muy bien que uno de los objetivos de SL es lograr el estatuto de "prisioneros políticos" para sus presos y para sus movimientos. 

Pero dicha narrativa respecto de lo sucedido en esos años deja fuera el elemento de la violaciones a los derechos humanos. La debilitación y la destrucción de la democracia en ese periodo tiene como uno de sus componentes centrales el golpe contra los derechos humanos. Por eso, un mejor relato para presentar lo que se vivió en este país es que hubo un "conflicto armado interno" entre grupos terroristas y el Estado, y que la sociedad quedó atrapada entre ambos frentes. ESto no significa desmerecer el valioso trabajo de las FFAA, pero sí a reconocer que hubo violación de derechos humanos, como en el caso del Cuartel Los Cabitos, o las ejecuciones extrajudiciales del Grupo Colina. El término "conflicto armado interno" no otorga a SL el estatuto de "parte combatiente" ni a sus presos el de "presos políticos". Queda claro que se trata de criminales que están en la carcel de manera justa.

¿Por qué es importante tener en claro estos relatos? Porque si queremos actualmente defender la democracia de las arremetidas de SL, y de sus tentáculos políticos más visibles como el MOVADEF, no podemos dejar de reconocer que para ello debemos defender los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas. ¿Por qué esos elementos centrales podrían dejarse de lado? La razón es que el fujimorismo ha logrado un enorme poder político y parece no tener reparos para manipular las reglas de la democracia para atenazar al Estado y a la sociedad. Muestras de ellos son la llamada "ley antitransfuga" -que se encuentra dirigida a coactar la libertad de conciencia de los congresistas que son disidentes- y las conversaciones de Becerril con MOVADEF -con el objeto de desestabilizar aún más al gobierno. 

Para la mayoría fujimorista, los defensores de derechos humanos son "opinólogos", es decir personas que no deberían tener derecho de expresarse en en cuestiones políticas. El radicalismo de derecha que este sector representa no hace más que servir de alimento a SL y a su predica radical. Como bien se ha expresado, el fujidef está empecinado en debilitar y destruir la democracia.