El Baguazo constituye, sin duda la mayor tragedia humanitaria, después del Conflicto Armado Interno, ocurrida en nuestro país. El 5 de junio del 2009 se enfrentaron dos modelos diferentes de desarrollo y dos concepciones del mundo. Pero además se enfrentó un pueblo que buscaba defender sus derechos frente al abuso del gobierno de Alan García. El Convenio Internacional de la OIT señalaba que las tierra de las comunidades nativas del lugar eran "tierras protegidas". Pero, el gobierno hizo caso omiso del convenio y promulgó una serie de decretos legislativos que ponían ese territorio a disposición de la explotación petrolera. La respuesta de las comunidades nativas no se hizo esperar y se produjo la tragedia que ya conocemos. 

Pero hay un elemento que es necesario destacar de este conflicto y es la cuestión religiosa que estaba en medio del mismo. No sólo  un grupo que tenía una creencia religiosa se impuso sobre otra, sino que el Estado tomo partido por una concepción religiosa, con lo cual se quebró la necesaria neutralidad del Estado en cuestiones religiosas. 

Las comunidades nativas no sólo actuaron en protesta por que no habían sido consultadas respecto de la concepción de desarrollo que se debería implementar en su desarrollo, sino también porque el territorio afectado era sagrado, desde su concepción religiosa. Y fue muy lamentable ver y escuchar al entonces Presidente de la República defender su "filosofía del Perro del Hortelano" dirigida en contra de la comunidades nativas y su concepción religiosa. Expresiones como "si las almas de los antepasados están en algún lugar, será en el paraíso [cristiano]" y sindicar a las comunidades nativas como "enemigos internos" de la patria y del desarrollo.

En propio de los grupos fundamentalistas, como ISIS o la extrema derecha católica o evangélica pensar que son los portadores de la Verdad absoluta y tener una actitud adversa a la tolerancia. Esto queda claro cuando la extrema derecha cristiana  enarbola la bandera contra lo que denominan "Ideología de género" o la oposición a la despenalización del aborto terapéutico. Pero resulta una cuestión más grave cuando el Estado, como sucedió durante el gobierno aprista, toma partido a favor de la intolerancia religiosa, por razones política y económicas. En esta actitud, el gobierno de García pervirtió no sólo la religión, sino también la política. Dicha perversión constituye una forma de corrupción que no ha sido debidamente estudiada en el país y que es necesario hacerlo, debido al sesgo economicista que tiene la mirada de la corrupción.

El Perú  necesita combatir estas formas de corrupción, además de la económica. La política se corrompe cuando en nombre del beneficio económico de unos grupos enarbola la bandera del radicalismo religioso y margina a concepciones religiosas "enemigas". La religión se corrompe cuando se convierte en vehículo de concepciones política radicalizadas o de intereses económicos unilaterales.